info@aenoa.com 950 17 13 13
La Fase de Adjudicación en una Licitación de Formación.
aenoa junta andalucia formacion licitaciones

Jurídicamente el acto de contratación de una Licitación de Formación consta de tres fases: preparación, adjudicación y formalización del contrato. De ellas la que más interesa al centro de estudios o empresa licitadora y sobre la cual debe tener más conocimientos es la fase de adjudicación, pues en ella interviene directamente presentándose como candidata y proponiendo sus ofertas. La fase de adjudicación es la que consiste en la presentación de las ofertas por parte de las empresas licitadoras y la posterior evaluación de ellas por el órgano de contratación.

En el Sector Público los contratos siguen unos procedimientos perfectamente reglados con la finalidad de elegir el contratista con su mejor oferta. Existen varios procedimientos que se van a tratar a continuación, entre los que destacan el “abierto” y el “restringido”. Pero antes de entrar en el detalle de cada uno van a exponerse las normas generales a todo proceso de adjudicación. La adjudicación del contrato se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios basados en el principio de “mejor relación calidad-precio”, sin embargo, los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.

El proceso de adjudicación de una licitación de formación comienza con el anuncio de licitación en el llamado “perfil de contratante” (sitio web del órgano de contratación donde se informa de todos los detalles de las licitaciones). En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas, el anuncio de licitación se publicará además en el «Boletín Oficial del Estado».

Los órganos de contratación fijarán los plazos de presentación de las ofertas y solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para prepararlas respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en la Ley 9/2017.

Las empresas licitadoras dispondrán del acceso a los pliegos y demás documentación complementaria por medios electrónicos a través del “perfil del contratante”, acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y que deberá poder efectuarse desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación.

Adicionalmente, los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo.

Todas las ofertas de los interesados se ajustarán a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, en la cual deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos diferentes, entre los que cabe mencionar: la calidad, el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad para todas las personas usuarias, las características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones. Entre las características técnicas se valorarán la organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato. Y también el servicio postventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha y el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecución y los compromisos relativos a recambios y seguridad del suministro.

Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a:

     Fomento de la integración social de personas con discapacidad, o personas desfavorecidas.

     La subcontratación con centros especiales de empleo o empresas de inserción.

     Los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato.

     La conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

     La mejora de las condiciones laborales y salariales.

     La contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato.

     La formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo.

El precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación en los contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato. En ningún caso no podrá ser únicamente el precio el único factor determinante en los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual.

En los contratos de servicios del Anexo IV de la LCSP (entre los cuales se encuentran los servicios de formación), así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación. El órgano de contratación podrá desestimar una oferta por considerarla “anormalmente baja”. El criterio de este tipo de ofertas estará contemplado en los pliegos, a estos efectos, los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal.

Se considera una oferta anormal cuando existan dudas por el órgano de evaluación en cuanto a que lo ofrecido en ella pueda ser cumplido de una forma satisfactoria según las especialidades del contrato y pliegos de licitación pública en cuestión. Ejemplo: en un proceso de licitación se presenta una oferta cuyo precio es insuficiente teniendo en cuenta los sueldos marcados por el convenio colectivo del sector, o bien por los precios de los materiales existentes en el mercado para cumplir con la calidad requerida en los pliegos. El licitador que incurra en Baja Temeraria, tendrá derecho a justificar su propuesta presentada, y en base a esta, el Órgano de Contratación dictaminará si la propuesta es admitida o excluida del proceso de licitación pública de servicios.

Posteriormente se clasificará por orden decreciente en puntuación obtenida, las proposiciones presentadas por los licitadores. Una vez aceptada la propuesta los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. La resolución de adjudicación (acto en el que se adjudica el contrato a una determinada empresa) deberá ser explicada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días, incluyendo la información necesaria que permita a los interesados interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato. La notificación se realizará por medios electrónicos.

Dejar un Comentario