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Conceptos básicos de la licitación. Oportunidad para centros de estudios.
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Los elementos básicos de todo contrato público o Licitación son:

A. Las partes del contrato: hay que distinguir dos, la que contrata y la que es contratada. En la Ley de Contratos del Sector Público y en el lenguaje jurídico se emplean para cada una de ellas las siguientes denominaciones:

B. Contenido mínimo del contrato. Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público deberán incluir, necesariamente, las siguientes menciones:

  1. La identificación de las partes.
  2. La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
  3. Definición del objeto y tipo del contrato.
  4. Referencia a la legislación aplicable al contrato.
  5. La enumeración de los documentos que integran el contrato.
  6. El precio cierto, o el modo de determinarlo.
  7. La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución.
  8. Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones.
  9. Las condiciones de pago.
  10. Los supuestos en que procede la modificación, en su caso.
  11. Los supuestos en que procede la resolución (dejar sin efectos el contrato).
  12. El crédito presupuestario de la Administración que contrata con el cual se abonará el precio.
  13. La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad.
  14. La obligación de la empresa contratista (la que gana la licitación y lleva a cabo la obra o servicio) de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.

C. Competencia para contratar. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución.

D. Presupuesto base de licitación. Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. Supone una referencia para los licitadores en virtud de la cual decidirán hacer o no su oferta. Debe ajustarse a los precios de mercado. El presupuesto base de licitación desglosará en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales, como se verá en el capítulo 6.

E. Valor estimado del contrato. Es el importe total del contrato sin incluir el IVA. Supone una estimación de todos los compromisos económicos que pueden derivar del contrato, puedan o no finalmente darse, como es el caso de cualquier opción, las prórrogas y posibles modificaciones. Según el valor estimado se determinará, como se verá más adelante, el régimen jurídico del contrato, el procedimiento y la publicidad. El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado en todo caso deberá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

F. Precio. Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente. En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios.

G. Causas de nulidad del contrato. Son causas de nulidad de derecho administrativo las indicadas en el artículo 47 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Además, serán nulos los contratos que cumplan con alguna de las condiciones resumidas en el siguiente cuadro:

H. Garantías en los contratos. Son fianzas que los licitadores deben constituir en determinados procedimientos de contratación con las Administraciones Públicas. Pueden realizarse en efectivo, en valores de Deuda Pública, mediante avales, contrato de seguro de caución, retención del precio, etc. En la práctica lo más habitual es que se haga mediante aval o contrato de seguro de caución.

Existen dos tipos de garantías:

a)     Garantía provisional: es aquella que debe depositarse en el momento de participar en el concurso de licitación para asegurar que las empresas licitadoras no se retiren de él. En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente.

b)     Garantía definitiva: es la que se constituye por la empresa ganadora una vez adjudicado el contrato. Suele ser obligatoria y su importe máximo es del 5% del importe de adjudicación.

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