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Cómo conseguir la máxima puntuación en la Licitaciones de los cursos desempleados de Andalucía.
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Ya se han publicado la mayoría de las Licitaciones de los cursos de desempleados de la Junta de Andalucía, y los centros de formación o academias acreditadas o inscritas pueden presentar su solicitud y conseguir financiación, pero antes deben hacer un estudio detallado de su empresa para valorar todos los criterios positivos de los que se disponen (aulas, espacios comunes, equipamientos, experiencia docente del profesorado, solvencia técnica o económica, capacidad de captación de alumnos, etc). Al mismo tiempo también se valora el criterio de la oferta económica de cada licitador.

En cada provincia de Andalucía la información la puede aportar la correspondiente delegación territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Transformación Económica, explicando las características del proceso abierto de licitación para impartir cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE), con su correspondiente financiación, las acciones formativas previstas, al número de alumnos desempleados previstos, y las horas totales lectivas. AENOA puede ayudarte en la presentación de toda la documentación.

Los criterios de adjudicación están basados en 100 puntos, buscando una determinación óptima de la relación calidad-precio. Estos criterios relativos a aspectos cuantitativos, ponderables mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, se aportan en el sobre 3 y tienen un máximo 40 puntos. La máxima puntuación la obtiene el centro de estudios con la oferta económica más baja de las admitidas en cada uno de los lotes, y la mínima puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta que coincida con el presupuesto de licitación. Las ofertas intermedias tienen la puntuación que les corresponda según con un criterio de proporcionalidad entre los valores máximos (máxima puntuación), y mínimos (mínima puntuación). Se busca valorar la calidad de la formación frente a las ofertas extremadamente bajas que impidan una correcta ejecución del contrato.

Por otro lado se aplican unos criterios de adjudicación de valor añadido en la ejecución del contrato ponderables de forma automática mediante una propuesta de Autobaremo con una puntuación máxima de 60 puntos. El centro de formación o academia rellenará su propio Autobaremo valorando sus propuestas de valor planteadas, buscando mejora en la calidad de la impartición de las especialidades formativas.

El valor añadido de la propuesta deberá concretarse en el momento de la adjudicación, con la presentación de una Memoria Técnica de Ejecución del Contrato en la que consten definidas todas y cada una de las propuestas de valor incorporadas en el Autobaremo. El modelo y definición del contenido de la Memoria Técnica de Ejecución del Contrato constan en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación. Es decir, se valora los medios técnicos, materiales y humanos complementarios ofrecidos por la persona licitadora.

Los elementos de valor añadido que son objeto de Autobaremo son la Publicidad, Captación y Selección (máximo 10 puntos), con independencia de las acciones de publicidad y selección que se plantean como mínimas. O las instalaciones y equipamiento adicionales (máximo 15 puntos) con independencia de las características de las instalaciones y el equipamiento requerido en la normativa de impartición de los cursos. Es decir, se aportan mejores medios técnicos e instalaciones, sin coste adicional para la administración, como el uso de una biblioteca o sala de estudio con acceso TIC, una zona de descanso con wifi o mejores medios técnicos para la impartición de las clases como pueden ser pantallas, pizarras digitales interactivas o mejores equipos informáticos por encima de los requerimientos definidos normativamente para cada una de las especialidades formativas.

Por otro lado se valoran unos contenidos formativos adicionales (máximo 12 puntos), con especial incidencia en la mejora de la calidad y eficacia consiguiendo que la formación profesional para el empleo alcance sus objetivos de empleabilidad. En este sentido, la oferta de un manual adicional relativo a la especialidad, uso de una plataforma on line de apoyo didáctico o la realización de actividades didácticas complementarias adicionales, para facilitar al alumno material, conocimiento y práctica por encima de los materiales y requerimientos formativos que exige la normativa.

Es importante también definir los materiales para el desarrollo de las acciones formativas, como la oferta de un plan con la descripción de todos los materiales a entregar y el momento de entrega, para facilitar a los técnicos de seguimiento de las acciones formativas el conocimiento de ellos. También aportación del cronograma y la descripción del sistema de justificación de entrega de dichos materiales. Se valora la información y orientación profesional del alumno, o la experiencia docente adicional del formador, como por ejemplo la experiencia docente de un curso completo de la especialidad formativa objeto de licitación, etc.

Respecto a la Solvencia empresarial o profesional, se valora los servicios de impartición de acciones de formación profesional para el empleo, buscando garantizar que el centro de estudios adjudicatario dispone de los medios y cualificación adecuados para llevarlo a buen fin. También acreditar la solvencia y que la documentación requerida demuestre que está vinculada al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo. Se determinará los medios y documentos a través de los cuales deben los centros licitadores acreditar que cuentan con la solvencia suficiente para concurrir a la licitación

Todo lo anterior debe estar sumado a la necesaria solvencia económica de la academia, que permita asegurar que dicho centro va a soportar los costes financieros de la ejecución del contrato sin riesgos para la administración garantizando así el interés y la sostenibilidad de las inversiones públicas, entendiéndose que las entidades licitadoras deben tener al menos una solvencia equiparable al importe de la licitación.

La solvencia técnica o profesional se acreditará por la relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado o mediante una declaración del empresario.

El periodo que se valora son los tres últimos años. Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 40 % de su anualidad media, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. Los centros de estudios deben garantizar que cada espacio formativo de prácticas tendrá un uso máximo X horas anuales en la programación total del centro. Estas horas, en el caso de acciones formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, se computarán sumando todas las horas de los módulos formativos para las que sea necesaria la utilización de las aulas.

 

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