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Los Contratos de Servicios en la Licitaciones de Formación.
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En primer lugar hay que insistir en la diferenciación entre el contrato de concesión de servicios y el contrato de servicios, ya que puede existir confusión entre ellos. La ley establece el llamado “riesgo operacional”, que es aquel que existe cuando se le traspasa a la empresa contratada el riesgo de el negocio que se le ha concedido salga mal debido a escasez de demanda o/y a los precios o escasez de los suministros por parte de los proveedores.

Es decir, hay riesgo tanto si la demanda del servicio es insuficiente como si los servicios que es capaz de prestar el contratista no alcanzan la cantidad o no tienen la calidad requerida en el contrato y de ello se derivan consecuencias económicas negativas y de efecto significativo en el contrato para el contratista.

Dicho riesgo hace que el contratista no tenga garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la prestación de los servicios que sean objeto del contrato. Ejemplo: a una empresa se le concede la explotación de un restaurante en el edificio de la delegación de Hacienda, y durante la duración del contrato la empresa sufre pérdidas debido a la poca afluencia de clientes.

Por otro lado, otro aspecto importante es la diferencia en el régimen jurídico entre el contrato de servicios y el contrato de concesión de servicios, que depende de la regla para la determinación de cuándo estos contratos están sujetos a Regulación Armonizada. El contrato de concesión de servicios sólo es armonizado cuando su valor estimado supere los 5.548.000 euros, mientras que el contrato de servicios puede ser armonizado a partir de 144.000 euros.

En el contrato de servicios el valor estimado del contrato estará constituido por el importe total pagadero al contratista sin IVA, sin embargo en el contrato de concesión de servicios públicos, el valor estimado se determinará teniendo en cuenta el importe neto estimado de la cifra de negocios que generará la empresa concesionaria durante la ejecución como contraprestación por los servicios objeto del contrato.

Es decir, en un contrato de servicios el valor estimado está fijado por un importe determinado, mientras que en uno de concesión de servicios la estimación depende de lo que se espera que venda la empresa concesionaria con la explotación de ese servicio.

Como se ha dicho, la regla general es que los contratos de servicios tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación.

Es importante destacar que existen una serie de supuestos en los que el contrato de servicios no puede adjudicarse basándose sólo en el precio, sino que además hay que tener en cuenta otros criterios como la calidad, el interés social, etc. Estos son:

1.- Contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual. Ejemplo: los contratos de servicios de ingeniería y arquitectura.

2.- Contratos de prestación de servicios sociales si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, o promueven el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral. Ejemplo: contrato de servicios de cursos de formación para personas desempleadas.

3.- Contrato de servicios intensivos en mano de obra. (Por ejemplo en el sector de las empresas de limpieza).

4.- Contratos de servicios de seguridad privada.

Aunque los servicios se adjudiquen por licitaciones en muchos casos, hay señalar que los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios, incluyendo los farmacéuticos, y educativos u organizar los mismos de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador.

Otras peculiaridades de los contratos de servicios (adaptados a la formación).

La actual ley de contratos en su artículo 310 establece un régimen especial de contratación para actividades docentes que consiste en:

“Los contratos que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración o cuando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo similar de actividad, siempre que dichas actividades sean realizadas por personas físicas, las disposiciones de esta Ley no serán de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato”.

Al mismo tiempo:

  • En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios.
  • La financiación y pago de estos contratos se ajustará al ritmo requerido en la ejecución de los componentes de prestación requeridos, debiendo adoptarse a este fin por el responsable del contrato, las medidas que sean necesarias para la programación de las anualidades y durante el período de ejecución.
  • El pliego de cláusulas administrativas establecerá el sistema de determinación del precio de los contratos de servicios.
  • El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato, en los casos en que se hubiere designado.
  • El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados.
  • Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia, el contratista quedará exento de responsabilidad.

En los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía se deberán cumplir las siguientes prescripciones:

a)     Antes de proceder a la contratación de un servicio de esta naturaleza deberá haberse establecido su régimen jurídico.

b)     El adjudicatario de un contrato de servicios de este tipo estará sujeto a las obligaciones de prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono en su caso de la contraprestación económica fijada; de cuidar del buen orden del servicio; de indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio.

c)     La Administración conservará los poderes de vigilancia necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía de que se trate.

d)     Con carácter general, la prestación de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía se efectuará en dependencias o instalaciones diferenciadas de las de la propia Administración contratante.

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