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Factores a tener en cuenta antes de licitar en el sector de la formación.
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Para decidir si es interesante un contrato con las Administraciones, las empresas de formación deben tener en cuenta principalmente la cuantía de los gastos generales, de manera que para que sea rentable se debe estudiar si los ingresos que se obtendrán con el contrato son suficientes para cubrir dichos gastos más un margen óptimo de beneficios.

Cuanto mayor sea el tamaño productivo de la empresa es necesario que su cuota de participación en el mercado sea mayor y por tanto las licitaciones supondrán una forma de conseguir más volumen de negocio. Existen empresas de determinados sectores (construcción, nuevas tecnologías) que viven exclusivamente de las licitaciones como fuente principal de su negocio, otras sin embargo lo hacen esporádicamente cuando observan en una determinada oferta pública una oportunidad de negocio.

Para las Pymes es importante valorar criterios territoriales, es decir, siempre es mejor licitar donde se tiene presencia física.

Otro aspecto importante a valorar es la cuantía económica del contrato, la cual debe coincidir con el tamaño de la empresa, teniéndose en cuenta los avales que debe aportar y la inversión a realizar.

Las empresas de formación deben conocer al órgano contratante, sus procedimientos y sus equipos técnicos porque constituye una ventaja para el licitador por saber cuáles son sus preferencias. También hay que destacar que en el caso de que los criterios de adjudicación sean únicamente el precio, la oportunidad de contratar es más igualitaria que en los casos que hayan criterios subjetivos, ya que el grado de discrecionalidad de la Administración (facultad de tomar decisiones) aumenta conforme la adjudicación depende de criterios basados en juicios de valor subjetivos.

Por ello, todo esto se valorará antes de decidir participar en una licitación. Es necesario que se optimicen muchos factores para que la suma de todos ellos conlleve a un alto nivel de posibilidades de obtener la adjudicación. Como norma general, el éxito de estos factores se resumen en: “poseer la mejor oferta, el mejor precio, los medios adecuados y un poco de suerte”.

Cuando una empresa decide presentarse a una licitación por primera vez suele surgir muchas dudas que hacen que la preparación sea compleja, sin embargo, una vez que se ha vivido la experiencia ya se dispone de casi toda la documentación preparada, por lo que resulta mucho más fácil la participación en las siguientes convocatorias.

Ello se debe a que las licitaciones siempre tienen la misma estructura y los trabajos a realizar son repetitivos. Por ello es muy importante disponer con antelación toda la documentación preparada. Los primeros consejos a seguir son los siguientes:

a)      Asegurarse si se cumplen los requisitos de solvencia.

b)      Preparar toda la documentación administrativa de la empresa.

c)      Disponer de muchas copias originales o legalizadas de los documentos que acreditan la personalidad de la empresa, su capacidad de obrar, titulaciones necesarias, etc.

d)      Preparar una “memoria de presentación de la empresa”, que es un documento donde se resalten las principales virtudes que posee, y que se presentará con la documentación que se aporte, con el objeto de darse a conocer a la Administración.

Respecto a la capacidad para que un centro de formación pueda contratar con el Sector Público, la Ley indica que serán las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su “solvencia económico-financiera y técnica o profesional” (capacidad económica y profesional para llevar a cabo el proyecto) o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Los contratistas deben contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional (permisos de la Administración para llevar a cabo una actividad) que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.  Las personas jurídicas sólo pueden ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de su actividad.

Muchas actividades requieren, por ley, de certificados y licencias específicas para el desarrollo de la actividad. Cuando ese sea el caso, se deberán presentar junto con el alta de la empresa en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). El epígrafe en el que esté dada de alta la empresa debe ser el mismo que el del objeto de la licitación. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales de empresas (UTE) quedan obligados solidariamente y deben nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.

No se permite haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, etc.

Tampoco haber sido sancionadas con carácter firme por alguna infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de competencia desleal, de integración laboral y de igualdad de oportunidades. Ejemplo: si una empresa ha sido sancionada por una falta grave en materia de laboral no dispondrá de capacidad para contratar con la Administración.

No es correcto haber solicitado la declaración de “concurso de acreedores” (suspensión de pagos) de forma voluntaria, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento o hallarse declaradas en concurso de acreedores. Ni ser moroso con la Administración, es decir no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Al mismo tiempo, en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2% de sus empleados sean trabajadores con discapacidad; o en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres. O haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia. O estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme.

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