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Solvencia económica financiera, y técnica profesional en las Licitaciones de Formación.
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Las empresas de formación que deseen licitar necesitan acreditar ante la Administración Pública su “solvencia”, entendiéndose como la demostración de su capacidad económico-financiera y técnico-profesional para llevar a cabo el objeto del contrato. Dicha solvencia se puede requerir por parte del órgano contratante mediante dos modalidades: mediante la acreditación de unos requisitos económicos y técnicos que se reflejan en el anuncio de contratación o en los pliegos, o mediante el sistema denominado “clasificación de empresas”.

Respecto a la acreditación de la solvencia económica y financiera, debe ser proporcional al objeto del contrato, no debiendo suponer una barrera para la participación de pymes. En el expediente de contratación que inicia la licitación o en los pliegos de condiciones se especificará cómo acreditarse la solvencia económica-financiera. Normalmente se hace atendiendo al patrimonio neto de la empresa (diferencia entre sus bienes y derechos con respecto a sus obligaciones) del último ejercicio económico y las Cuentas Anuales (documentos contables obligatorios a presentar cada año), superarán unos importes establecidos en el anuncio de licitación. Ejemplo: en una licitación se exige que el Patrimonio Neto de la empresa sea superior a 500.000 €.

También se puede analizar el volumen anual de negocio de la empresa referido al mejor ejercicio de los últimos tres años. El volumen de negocios mínimo exigido no puede ser mayor de una vez y media el Valor Estimado del Contrato. Ejemplo: en una licitación se exige que la facturación del año anterior haya sido superior a 100.000 €. O mediante un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por un importe superior al exigido en los pliegos. También con el periodo medio de pago a proveedores del licitador que no supere lo establecido por Hacienda.

Respecto a la acreditación de la solvencia técnica y profesional en los contratos de servicios, se tienen en cuenta criterios como los conocimientos de los profesionales, la eficacia, la experiencia y la fiabilidad. En los pliegos del contrato se debe especificar los requisitos anteriores indicando los valores mínimos exigibles para cada uno de ellos. Detallando las titulaciones académicas de los profesionales, los controles de calidad necesarios, los equipos e instalaciones requeridas y los certificados de gestión medioambiental.

La forma de acreditarlo suele ser:

-Memoria de los trabajos de similar naturaleza a los del contrato realizados en los tres años anteriores, incluyendo el precio, el destino público y las fechas. Esto se acredita con certificados expedidos por el órgano competente.

-Descripción de las instalaciones de la empresa.

-Detalle del personal técnico que vaya a participar en la ejecución del contrato.

-Titulaciones académicas del empresario, el personal directivo y principalmente del personal que ejecute el contrato.

-Una declaración de la plantilla media anual de la empresa.

-Una declaración de los materiales y equipos disponibles para ejecutar el servicio.

-Indicación de las medidas de gestión medioambiental que se pueda aplicar a la ejecución del contrato.

La Ley 9/2017 permite al licitador en determinados casos acreditar o complementar su acreditación de solvencia a través de medios externos, es decir, de otros empresarios, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. No obstante, los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador. Podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

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